Un llamado al gobierno a generar un mayor diálogo es el que realiza en conversación con PULSO el presidente de la Sociedad del Canal del Maipo, Pablo José Pérez Cruz. A su juicio, la actual propuesta de cambios al Código de Aguas del Ejecutivo no mejorará la situación de escasez del vital elemento, ya que -a su juicio- se requiere invertir en infraestructura.
El directivo no sólo está ligado al agro, puesta también es accionista de CGE, la mayor distribuidora de electricidad y gas de Chile. Por estos días la firma está en un proceso de venta al grupo Gas Natural Fenosa, y para Pérez Cruz la oferta de los españoles es beneficiosa.
¿Qué evaluación hace de las propuestas de cambios al Código de Aguas?
La reforma al Código de Aguas busca solucionar problemas causados principalmente por los prolongados periodos de sequía y los efectos del cambio climático, estableciendo entre otras cosas un orden de prioridad para el consumo.
De partida, no es necesario cambiar la ley para dar prioridad al consumo humano, porque este ya está garantizado en el artículo 314 del Código de Aguas.
A mi entender, este proyecto no soluciona los problemas. Por el contrario, sólo genera incertidumbre. Y en el sector agrícola y productivo, la certeza jurídica del derecho de aprovechamiento de aguas es fundamental para enfrentar las inversiones que se requieren.
¿Estas modificaciones podrían terminar con la especulación que existe en el mercado?
Cuando se habla de especulación, es necesario diferenciar entre los derechos consuntivos y los no consuntivos. Es cierto que hay especulación con los derechos no consuntivos, pero esto se puede corregir por la vía administrativa, aumentando las multas y acortando el plazo para inscribir los derechos.
Sin embargo, esto no debe afectar a los agricultores. Los plazos de inscripción de derechos que establece este proyecto para los derechos consuntivos son demasiado cortos. Hay que considerar que el trámite es engorroso y caro, y eso afecta en especial a los pequeños regantes.
¿Cambiar el segundo transitorio podría generar algún conflicto para el agro?
Genera un gran problema. Como dije, regularizar los derechos de agua es un trámite lento y caro. Nuestra experiencia es que no demora menos de 18 meses, y el proyecto sólo da seis meses. Además, no se está tomando en cuenta lo que significa para pequeños agricultores, que viven alejados de las zonas urbanas, ir a las oficinas a hacer los papeleos y pagar el costo que implica la inscripción. Hay muchos pequeños propietarios que no tienen la capacidad de hacerlo. Se calcula que hay más de 250 mil regantes que tendrían que hacer este trámite y me pregunto si están dadas las condiciones para regularizar todo esto en seis meses.
¿Estos cambios podrían generar vulneraciones constitucionales?, ¿están elaborando algún estudio?
Creemos que hay varias vulneraciones, entre ellas, que la expropiación de los derechos de agua sea gratuita, lo que vulnera el derecho de propiedad. Esta y otras inquietudes las hemos canalizado a través de la Sociedad Nacional de Agricultura, que es la entidad con la que nos sentimos plenamente identificados.
¿Cómo podría afectarlos el proyecto de AES Gener de Alto Maipo?
Hicimos una presentación durante la consulta ciudadana para plantear algunas preocupaciones, que están relacionadas básicamente con bajas de caudal que se podrían producir en situaciones determinadas. Nuestros representantes ante la Junta de Vigilancia han tenido conversaciones con AES Gener para estudiar el problema y ya hay una propuesta de solución. Aparte de eso, el proyecto no afecta los derechos de nuestros regantes.
Respecto a CGE, ¿la sociedad ha tomado la decisión si concurrirá a la OPA?
Sí, vamos a concurrir.
¿Qué le parece la llegada de estos nuevos socios controladores?
Es muy positivo que el país reciba inversión extranjera, en especial si se trata de compañías de reconocido prestigio y gran experiencia en el área de energía.